Las ONG ante los centros de datos
Las organizaciones ecologistas y plataformas ciudadanas reclaman al Gobierno que el Real Decreto sobre centros de datos vaya más allá y establezca límites claros de consumo de agua y energía, evaluación de impactos y criterios de suficiencia con energías 100% renovables. Piden planificación territorial y social, salvaguardas ambientales y auditorías de derechos humanos, así como una participación ciudadana vinculante y transparencia antes de autorizar proyectos. Subrayan que la eficiencia por sí sola no basta si el consumo total sigue creciendo y alertan sobre la presión hídrica, eléctrica y biodiversidad, proponiendo un marco regulatorio más ambicioso y precautorio.
Las organizaciones ecologistas consideran insuficiente el proyecto de Real Decreto de centros de datos y reclaman límites al consumo de agua y energía.
Organizaciones y numerosas plataformas ciudadanas piden al Gobierno que el Real Decreto garantice menos consumo de energía y agua, mayor eficiencia y un suministro 100% renovable, apoyado en almacenamiento y flexibilidad sin recurrir a combustibles fósiles ni energía nuclear, y que tenga en cuenta los impactos acumulativos.
Alertan de la presión sobre recursos hídricos, redes eléctricas, actividades económicas, territorio y biodiversidad, en un contexto de crisis climática y escasez creciente de recursos.
Reclaman un desarrollo más pausado, planificado y precautorio, con salvaguardas sociales y ambientales, consultas democráticas vinculantes, auditorías de derechos humanos y evaluación estratégica.
Las organizaciones ecologistas Amigas de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF, junto con otros actores sociales, han presentado alegaciones en el proceso de audiencia e información pública del proyecto de Real Decreto por el que se regulan los requisitos de sostenibilidad energética, ambiental y de resiliencia y soberanía digital aplicables a los centros de datos.
Las organizaciones valoran que el Gobierno avance en la regulación de un sector en rápida expansión, pero consideran que el proyecto de Real Decreto es insuficiente para prevenir y reducir de forma adecuada sus impactos ambientales y sociales, en particular sobre dos recursos fundamentales: el agua y la energía.
Por ello, reclaman una regulación más ambiciosa que garantice que el desarrollo de nuevos centros de datos respete los límites ambientales y sociales de cada territorio y responda a criterios de suficiencia, eficiencia y cobertura con energías 100% renovables, teniendo en cuenta además los efectos presentes y futuros del cambio climático.
La avalancha de peticiones de conexión a Red Eléctrica ayuda a entender el reto que supone un despliegue descontrolado de los centros de datos. Según la Agencia Internacional de la Energía, un centro de datos para inteligencia artificial de 100 MW puede consumir al año tanta electricidad como unos 100.000 hogares. Asimismo, en España, como ejemplo, el centro de datos proyectado por Meta en Talavera de la Reina (Toledo), con 248 MW de potencia prevista, contempla consumir hasta 504 millones de litros de agua al año, entre el consumo propio de la instalación y las reservas previstas para futuros equipamientos de la zona. Estas cifras varían según el tamaño, la carga de los servidores y, especialmente, el sistema de refrigeración.
Las organizaciones advierten de que mejorar la eficiencia de los centros de datos no será suficiente si el consumo total de recursos continúa aumentando sin límites. Y concluyen: “La eficiencia no basta si el consumo total de agua y energía sigue creciendo sin límites. Necesitamos un debate social sobre el modelo de infraestructura digital que hemos de construir como sociedad y decidir cuánto, dónde y bajo qué condiciones puede desarrollarse esta nueva expansión”.
Por esta razón, las organizaciones plantean tres cambios principales en el proyecto del Real Decreto:
• Límites ambientales: establecer salvaguardas ambientales y sociales máximas al consumo de agua y energía y evaluar el impacto acumulado de todos los centros de datos de un territorio, no proyecto por proyecto.
• Planificación energética y territorial: decidir dónde y en qué condiciones pueden instalarse y exigir que su nueva demanda eléctrica se cubra con generación 100% renovable, sin desplazar las necesidades de descarbonización del resto de la sociedad ni aumentar la presión sobre territorios y biodiversidad.
• Garantías democráticas: aplicar el principio de precaución, mejorar la transparencia y garantizar una participación pública suficiente y rendición de cuentas antes de autorizar una expansión de esta magnitud. Todo ello reconociendo, además, que existen ciertos riesgos por la manipulación y desinformación que pueden mermar los procesos democráticos y los derechos colectivos.
Amplio respaldo social de otros movimientos y plataformas
A las organizaciones ambientales se unen las procedentes de la academia, organizaciones y plataformas ciudadanas, entre ellas Tu nube seca mi río y No es sequía Es saqueo, No Mega-Centre de Dades, Juventud por el Clima–Fridays for Future, Setem Catalunya, SETEM Hego Haizea, Observatori DESCA, Plataforma 13M, Asociación Naturalista Esparvel, Fundación Quebrantahuesos, Ciudadanas en defensa de la Escuela Pública, Resistencias al Centro de Datos de Fuenlabrada, Gure Hazeia, Arte es Ética, Green Web Foundation, TITIP, CNT Colmenar, O proTEJO (Portugal) y Aigua és Vida.
