Nueva Dana: urgen medidas estructurales

La tragedia de octubre de 2024 puso de manifiesto la necesidad de revisar la ordenación del territorio, actualizar los mapas de riesgo de inundación y apostar por soluciones basadas en la naturaleza.

Toda nuestra solidaridad y apoyo a todas las personas afectadas por el nuevo episodio de lluvias torrenciales e inundaciones que está golpeando a la Comunidad Valenciana, especialmente a las comarcas de La Safor y la Marina Alta. La organización traslada también su reconocimiento a los equipos de emergencia, los servicios públicos y las personas que están trabajando para proteger a la población y atender a quienes se encuentran en situaciones de riesgo.

Ante la gravedad de la situación, pedimos a la ciudadanía que siga las indicaciones de las autoridades y los servicios de emergencia, evite los desplazamientos innecesarios y extreme las precauciones.

Este nuevo episodio vuelve a poner de manifiesto la necesidad de prepararse para fenómenos meteorológicos extremos que, en el contexto del cambio climático, exigen reforzar la prevención, la planificación y la capacidad de respuesta. La organización recuerda que las medidas de emergencia son imprescindibles, pero deben acompañarse de actuaciones estructurales que reduzcan la exposición y la vulnerabilidad de la población.

Dos años después de la tragedia, la prevención sigue siendo una prioridad

La DANA de octubre de 2024, que causó 233 víctimas mortales y dejó una profunda huella social, económica y ambiental, evidenció las consecuencias de la ocupación de zonas inundables y la necesidad de adaptar la gestión del territorio a los riesgos actuales.

En octubre de 2025, un año después de aquella tragedia, SEOBirdLife ya advertía de la urgencia de adaptar las normas y las medidas de gestión para mejorar la resiliencia hídrica frente a los fenómenos extremos agravados por el cambio climático.

La nueva emergencia refuerza la necesidad de avanzar en soluciones que permitan convivir con la dinámica natural de los ríos y barrancos, recuperar los espacios que pueden absorber las crecidas y evitar que las personas y sus bienes queden expuestos a riesgos previsibles.

Asimismo, resulta imprescindible reforzar la educación, la sensibilización y la formación de la ciudadanía frente al riesgo de inundación, ya que todo apunta a que estos episodios extremos serán cada vez más frecuentes. La sociedad debe ser consciente de que, aunque se adopten medidas de prevención y protección, vivir en una zona inundable implica asumir que la vivienda puede volver a inundarse. Por ello insistimos en que es urgente conocer y prevenir riesgos, prepararse adecuadamente y actuar de forma segura antes, durante y después de estos fenómenos.

Medidas para proteger a las personas y recuperar el territorio fluvial

Instamos a las administraciones competentes a impulsar, de manera coordinada y con la protección de la ciudadanía como eje central, las actuaciones necesarias para reducir el riesgo de inundaciones y aumentar la resiliencia de los territorios. Entre ellas:

• Actualizar la cartografía de las zonas inundables, incorporando los escenarios de cambio climático y la información más reciente sobre los episodios extremos.
• Revisar la ordenación del territorio y evitar nuevas construcciones en zonas inundables, así como abordar progresivamente la retirada de las existentes cuando sea necesaria para reducir el riesgo.
• Recuperar el territorio fluvial y los ecosistemas asociados, restaurando los cauces y su dinámica natural y favoreciendo espacios capaces de laminar las avenidas.
• Revisar y adaptar las infraestructuras para reducir su vulnerabilidad ante episodios de lluvias torrenciales e inundaciones.
• Priorizar las soluciones basadas en la naturaleza, integrando la restauración de los ecosistemas fluviales en las políticas de prevención y adaptación al cambio climático.
• Reforzar la coordinación, la prevención y la preparación ante emergencias, con información clara y accesible para la ciudadanía y mecanismos de respuesta que protejan especialmente a las personas más vulnerables.

Estas actuaciones deben formar parte de una estrategia sostenida en el tiempo, respaldada por recursos suficientes y una coordinación efectiva entre las distintas administraciones.

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