| Datum | 8.10.2026 |
| Subjekt | SEO/BirdLife |
| Region | Španielsko |
| Kategorie | Štátna správa a samospráva, Právo, Životné prostredie |
Nuestra solicitud ante el riesgo de una mortalidad irreversible sobre especies en declive al Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha sido aceptada. El tribunal suspende la caza de perdiz roja, codorniz, becada, zorzal alirrojo, zorzal real, paloma zurita, paloma bravía, corneja negra y urraca hasta que se resuelva el recurso.
La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha dictado un auto, de fecha 6 de octubre de 2026, por el que suspende cautelarmente la caza de nueve especies de aves silvestres en la Comunidad de Madrid para la temporada 2026-2027. La medida, adoptada de forma urgente, responde al recurso que hemos interpuesto contra la Orden 2511/2026, de 25 de junio, de la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, que fijaba los períodos hábiles de caza. Aunque la administración tiene ahora tres días para presentar alegaciones, la medida es efectiva desde el día de hoy.
La suspensión afecta a la caza de la becada, la codorniz común, la paloma zurita, el zorzal alirrojo, el zorzal real, la corneja negra, la paloma bravía, la perdiz roja y la urraca. La medida estará vigente durante la época hábil del 8 de octubre de 2026 al 31 de enero de 2027 y en los pasos tradicionales del 15 de octubre al 15 de noviembre de 2026, con la sola excepción de las cacerías de suelta autorizadas o comunicadas y de las que se celebren en cotos comerciales, en las que solo podrán abatirse los ejemplares soltados conforme a la especie y el número consignados en la correspondiente autorización.
La paloma zurita es una de las especies en declive
Recordamos que seis de las especies afectadas presentan una situación desfavorable de conservación. La codorniz común ha sufrido una reducción acumulada del 60,4 % de sus poblaciones reproductoras en España desde 1998 y está catalogada como Vulnerable en el Libro Rojo de las Aves de España. La perdiz roja, también Vulnerable, ha disminuido un 57,6 % en el mismo periodo. La paloma zurita, la corneja negra, la urraca y el zorzal alirrojo muestran igualmente tendencias negativas, mientras que, para la paloma bravía silvestre, la becada y el zorzal real persisten importantes lagunas de conocimiento sobre el estado de las poblaciones sometidas a caza.
Además, como se sostiene en el informe pericial aportado por la organización, para ninguna de estas nueve especies existe una evaluación reciente y trazable de su estado de conservación en la Comunidad de Madrid, ni información suficiente que permita relacionar el tamaño de las poblaciones con los niveles de extracción autorizados. Tampoco existen límites globales de capturas para estas especies, y en siete de ellas ni siquiera se establece un cupo máximo diario por cazador.
Mario Giménez, responsable del Área de Conservación de SEO/BirdLife, añade que «Celebramos estas medidas cautelares que atienden a la realidad del campo. Estamos hablando de especies claramente en declive o de las que no se tiene información suficiente. Planificar la actividad cinegética, como cualquier otra actividad, exige actuar con prudencia y apoyarse en la evidencia científica disponible para poner a salvo nuestro patrimonio natural.»
La organización confía en que esta decisión contribuya a impulsar una planificación del aprovechamiento cinegético basado en criterios científicos, transparente y compatible con la conservación de las aves, tal y como exige la Directiva de Aves de la Unión Europea y que desde hace años reclama la comunidad científica especializada en fauna silvestre.
Para David de la Bodega, responsable de Acción Legal de SEO/BirdLife, «esta resolución pone de manifiesto que la Administración no puede seguir autorizando la caza sin la base científica que exige la normativa europea. El principio de precaución debe prevalecer cuando no se demuestra que las poblaciones pueden soportar una mortalidad adicional. No se puede cazar primero y preguntarnos después si era sostenible, la carga de la prueba recae en quien pretende autorizar el aprovechamiento.”
Esta resolución judicial vuelve a apelar a la necesidad de reformar la legislación cinegética madrileña. Ya en 2018, el Tribunal Supremo anuló la orden de vedas de la Comunidad de Madrid por la falta de informes técnicos suficientes para justificar científicamente la caza de aves silvestres. Más recientemente, en mayo de 2026, comparecimos ante la Asamblea de Madrid para reclamar que el proyecto de nueva Ley de Caza y Pesca incorporase las garantías necesarias para evitar que siguieran autorizándose capturas sin una base científica suficiente. La organización advirtió entonces de las carencias del texto y solicitó que la autorización de la caza de cada especie estuviera respaldada por información científica actualizada y específica de la Comunidad de Madrid.
Entre las modificaciones propuestas, hemos reclado prohibir expresamente la caza de especies cuyas poblaciones estén en declive o presenten un estado de conservación desfavorable, establecer cupos de captura y sistemas verificables de registro, y garantizar la aplicación del principio de precaución. La organización considera que el no haber aprovechado la aprobación de la Ley de caza para resolver definitivamente las deficiencias que han dado lugar a sucesivos conflictos judiciales, ha generado una inseguridad jurídica al propio sector cinegético y es el origen de esta suspensión.
Recordamos asimismo que la suspensión acordada por el tribunal no implica la paralización de toda la actividad cinegética en la región. La propia pericial destaca que seguirían pudiendo cazarse otras especies de aves y mamíferos cinegéticos, desarrollarse actuaciones de gestión del hábitat y realizarse programas de seguimiento y censos, información especialmente necesaria para mejorar el conocimiento sobre el estado real de las poblaciones de aves silvestres en Madrid.
El auto es una medida cautelar, continuando el procedimiento judicial abierto. La organización seguirá trabajando para que la sentencia que en su día se dicte confirme la nulidad de los preceptos impugnados y para que las administraciones públicas adopten sus decisiones en materia cinegética sobre la base de la mejor información científica disponible, tal y como exigen la Directiva de Aves, la Ley 42/2007 de Patrimonio Natural y Biodiversidad y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Tras conocer el Auto dictado por el TSJM, y ante el inicio del periodo hábil de caza hoy 8 de octubre, nos hemos dirigido a la Comunidad de Madrid solicitando que se informe con carácter urgente al colectivo cinegético, a los agentes forestales, al SEPRONA y al resto de actores implicados, con el fin de garantizar el conocimiento y cumplimiento de la resolución judicial y evitar posibles infracciones.
Al mismo tiempo, la organización manifiesta su voluntad de avanzar hacia un diálogo constructivo con la Administración y ofrece su colaboración y experiencia científica para mejorar la evaluación de las poblaciones y tendencias de las especies y contribuir a una regulación cinegética basada en criterios científicos, sostenibles y jurídicamente sólidos.
La situación de las aves cinegéticas es preocupante en el conjunto de España. Según el informe Gestión sostenible de la caza y conservación de aves silvestres en España 2026, publicado por SEO/BirdLife el pasado mes de julio, el 57 % de las 35 especies cinegéticas analizadas en la península ibérica y Baleares presenta tendencias poblacionales negativas. Otro 26 % tiene poblaciones muy pequeñas o carece de información suficiente para conocer su evolución. En conjunto, casi el 83 % de las especies se encuentra en alguna de estas situaciones, lo que pone de manifiesto la necesidad de revisar urgentemente cómo se está gestionando su aprovechamiento cinegético.
Ante esta situación, SEO/BirdLife reclama a todas las comunidades autónomas que pongan en marcha planes de gestión de las especies cinegéticas basados en información científica actualizada, con objetivos de conservación, seguimiento de las poblaciones, controles efectivos de capturas y medidas para recuperar sus hábitats. , Estos planes, tal como se contempla en la mayoría de las legislaciones cinegéticas, deben contemplar la suspensión de la caza cuando las poblaciones estén en declive o no existan datos suficientes para demostrar que su aprovechamiento es sostenible.
La organización pide también al Gobierno de España que impulse estrategias de conservación coordinadas para las especies en declive que afectan a varias comunidades autónomas. La recuperación de estas aves exige abordar las causas de su disminución, especialmente la degradación de los hábitats agrarios y de los humedales, y evitar que la mortalidad cinegética agrave una situación ya desfavorable.