La presidenta de la AIReF participa en el Consejo de Política Fiscal y Financiera

La presidenta comenzó delimitando el papel de la AIReF como garante de la sostenibilidad. Recordó que “no corresponde a esta institución pronunciarse sobre el reparto de recursos entre administraciones ni sobre la configuración concreta del sistema de financiación autonómica” al tratarse de decisiones de naturaleza política que competen al Gobierno, a las comunidades autónomas (CCAA) y, en último término, al legislador. “La función de la AIReF es analizar las implicaciones fiscales de la reforma y valorar si su diseño y aplicación son compatibles con la sostenibilidad de las finanzas públicas y con los compromisos fiscales nacionales y europeos”.

Como ya se ha reiterado en distintas ocasiones, “esta valoración debe realizarse desde una perspectiva de conjunto. En un Estado tan descentralizado como el español, las decisiones sobre los recursos de un subsector no son neutrales para el resto” y “condicionan la capacidad del conjunto de las Administraciones públicas (AAPP) para atender sus propias obligaciones”.

Para la AIReF, “esta visión integral resulta especialmente necesaria en el contexto actual”, ya que la deuda pública se mantiene en niveles próximos al 100% del PIB, lo que limita el margen de actuación ante futuras perturbaciones. Además, “las AAPP afrontan presiones crecientes de gasto a medio y largo plazo derivadas del envejecimiento de la población, la adaptación al cambio climático, el aumento del gasto en defensa y un entorno geopolítico que exige una mayor capacidad de respuesta. Estas presiones se distribuyen entre subsectores con competencias y responsabilidades diferentes”.

Por tanto, la AIReF considera que “el margen fiscal de cada Administración no puede analizarse de manera aislada. Si un subsector incrementa de forma permanente su capacidad de gasto, debe valorarse cómo afecta esta decisión al espacio disponible para los demás y a la capacidad del conjunto de las AAPP para cumplir la senda fiscal agregada. Por ello, la reforma del sistema de financiación autonómica debe abordarse de forma integral y coordinada con las demás piezas del marco financiero y fiscal. Además, debería ayudar a avanzar hacia una relación más normalizada entre responsabilidad fiscal, acceso a la financiación y disciplina de mercado, con incentivos fiscales bien alineados”.

Desde esta perspectiva, la AIReF viene defendiendo la necesidad de una estrategia fiscal de medio plazo que incorpore cuatro elementos:

• Avanzar hacia “una mayor coherencia entre el marco fiscal nacional y el europeo, reduciendo las inconsistencias entre ambos y asegurando una planificación fiscal compatible con los compromisos asumidos por España”.

• “Reforzar los mecanismos de corrección y los incentivos al cumplimiento. Tanto la Administración central como las CCAA presentan riesgos de incumplimiento de la regla de gasto en este ejercicio y los siguientes, según las previsiones de la AIReF”.

• “Dotar de un carácter excepcional a los mecanismos extraordinarios de financiación reservándose como mecanismos de último recurso sujetos a una condicionalidad fiscal que refuerce los incentivos al cumplimiento”, posición que ya trasladó la AIReF tras el CPFF de febrero de 2025.

• “Reforzar la coordinación entre administraciones. Los desafíos que afrontan las finanzas públicas y el elevado grado de descentralización exigen mecanismos eficaces para articular las decisiones de los distintos niveles de gobierno y preservar la sostenibilidad del conjunto”.

En relación con el acuerdo sometido a consideración del CPFF, “todavía no resulta posible realizar una valoración cerrada de sus efectos sobre la sostenibilidad, porque hay dos elementos especialmente relevantes que deben concretarse”.

En primer lugar, el acuerdo prevé una modulación temporal de la percepción de los recursos de 2027, de modo que el porcentaje aplicado a las entregas a cuenta sea inferior al 95% hasta en tres puntos porcentuales. “La AIReF considera que será necesario cuantificar su impacto sobre la financiación efectiva de las CCAA en el primer año de aplicación y precisar cómo se producirá su posterior regulación”.

En segundo lugar, el acuerdo “remite a futuros desarrollos normativos para que el gasto adicional de las CCAA financiado con los nuevos recursos permanentes no compute a efectos de la regla de gasto nacional. Además, no se hace ninguna mención a su impacto sobre otros subsectores. Si el nuevo sistema de financiación autonómica incrementa la capacidad de gasto de las CCAA, debe reducir simétricamente la capacidad de gasto de la Administración central. En caso contrario, se produciría un incremento neto del gasto computable que afectaría a la sostenibilidad”. Además, hay que tener en cuenta que la situación de las CCAA es muy heterogénea en términos de déficit y deuda.

La AIReF considera que “será necesario precisar el alcance de este cambio normativo y, sobre todo, asegurar su coherencia con la senda europea de gasto primario neto y con los compromisos agregados del Plan Fiscal y Estructural de Medio Plazo (PFEMP). La AIReF podrá completar su valoración sobre las implicaciones fiscales de la reforma y valorar si su diseño y aplicación son compatibles con la sostenibilidad a medida que se concrete su desarrollo legal”.

En todo caso, “la reforma planteada debería articularse de forma coordinada con las demás piezas del marco fiscal y financiero. Un nuevo sistema que no vaya acompañado de una reforma del marco fiscal nacional y de una estrategia fiscal de medio plazo podría deteriorar la sostenibilidad del conjunto de las AAPP. Esta coordinación, además, debería constituir la base para plasmar en el próximo PFEMP una auténtica estrategia fiscal creíble que trate de cuantificar las presiones fiscales a las que se enfrentan las distintas administraciones y garantice la sostenibilidad del conjunto”.